[La Semana de la Evidencia es financiada por el Think Tank Initiative y la Embajada de Gran Bretaña en el Perú. El artículo original puede leerse aquí.]

Vemos todos los años, desde hace mucho, un aumento en el número de técnicos en y alrededor de algunos ministerios, aunque es cuestionable si hay un aumento en términos absolutos o si, con el ciclo político, algunos técnicos han migrado de un ministerio a otro. Lo que es claro es que somos testigos de un mayor apetito del gobierno por un acercamiento a asesores técnicos y la comisión de consultorías y evaluaciones. 

En principio, este es un avance positivo y sugiere que estamos frente a una mayor valoración de la evidencia como un elemento central en el desarrollo de argumentos de política pública. El Presupuesto por Resultados, promovido desde el MEF, ha sido un importante motivador en este desarrollo. También lo han sido algunas figuras tecnócratas que han liderado ciertos ministerios en los últimos años y que han facilitado el acceso de investigadores y técnicos a la función pública.

Sin embargo, estos avances pueden llevar a suponer, erróneamente, que tenemos lo que en la literatura internacional se denomina: “política pública informada por evidencia”.

En cambio, lo que tenemos, en la práctica, es “políticas basadas en las recomendaciones de expertos, consultorías o evaluaciones”. La diferencia es sutil pero importante.

Una decisión informada supone que los tomadores de decisiones han considerado múltiples fuentes de análisis y recomendaciones, han reflexionado sobre sus fortalezas y debilidades, han aceptado algunas, rechazado otras e incluso adaptado algunas otras, han cambiado, mejor informados, sus preguntas de política sobre la marcha y las han enfrentado, todas las preguntas y posibles respuestas, a imperativos políticos, a sus propios valores y a las posibilidades y limitaciones de la gestión pública y del sistema democrático.

En este proceso no hay una relación lineal entre pregunta de política pública y respuesta. No existe una respuesta correcta que funcione siempre y para todos.

Lo que predomina en el Perú, sin embargo, es justamente eso: el uso de expertos, consultores y evaluadores para responder preguntas o insistir que “ya sabemos qué funciona”.

Un gobierno informado, además, supone que la evidencia que usan los tomadores de decisiones ha sido debatida en la arena pública.

En el modelo que tenemos hoy, las preguntas y recomendaciones no son siempre públicas. No son siempre sujetas al debate público que demandaría un gobierno informado. Tampoco son fácilmente verificables ya que la data no es comúnmente compartida y los pormenores de las decisiones suelen reservarse a discusiones en petit-comité entre autoridades y sus asesores personales. Las evaluaciones son tratadas como consultorías, publicadas, cuando lo son, mucho después de haber sido adoptadas por el gobierno, cuando lo son.

Hemos avanzado en la dirección correcta pero falta mucho por hacer. Por lo pronto, podemos promover tres acciones concretas.

Primero, los centros de pensamiento, los think tanks, puede prestarle mayor atención a informar al público en general a través de una presencia más activa en medios masivos, el uso de nuevos canales de comunicación y la incorporación de nuevas herramientas como los videos y las visualizaciones de data en sus esfuerzos. Segundo, el gobierno puede ser más pro-activo en comunicar y compartir las asesorías, consultorías y evaluaciones que utiliza. Por ejemplo, el MIDIS desarrolló una plataforma para compartir sus estudios: evidencia.midis.gob.pe

Finalmente, los medios de prensa pueden jugar un rol revolucionario, simplemente preguntando por y cuestionando la evidencia presentada por sus invitados o entrevistados, ya sean políticos o expertos.