El presidente Vizcarra se enfrenta a otra crisis política. Sus propuestas, bien intencionadas y con apoyo popular, carecen de suficiente fundamento técnico. La oposición lo acusa de presentar un "mamarracho" de proyecto.

Se ha volteado la torta. La oposición apela a la evidencia y el presidente actúa políticamente.  

El exministro de economía, Tuesta, se equivocó al pensar que el ISC es un instrumento económico. Debe haber recordado leer las palabras “impuesto” y “consumo” en libros de economía en la universidad; seguro se confundió por estar mirando tablas dinámicas que le mostraban el impacto en la recaudación que tendrían los aumentos propuestos en el ISC. Gran error.

Le tomó varias semanas darse cuenta que el ISC es un instrumento político –que además usó mal. Esto es algo que le debía haber quedado claro a este gobierno después de annus (y medio) horribilis por el que pasó. Pero parece que ni la caída de PPK fue lección suficiente.

Le debió quedar claro antes, inclusive. El gobierno de Humala fue humillado cuando dos leyes le fueron derogadas casi inmediatamente después de su aprobación. La Ley Pulpín se presentó como una solución técnica al problema del subempleo y desempleo juvenil. Los jóvenes la entendieron como una erosión a derechos adquiridos. La Ley de contribuciones obligatorias a las AFPs se aprobó, en primera instancia, como un paso más en un proceso alargado de reforma del sistema de pensiones peruano en el que había participado, desde el primer día, un grupito de interesados. ¿Qué derecho tienen de decirme cómo ahorrar?, preguntaron, ahora, los trabajadores independientes.

Los técnicos de Humala se olvidaron de la consulta, de formar coaliciones amplias y pensar políticamente. Se armaron con números para una batalla ideológica.

Thorne se tropezó con la misma piedra. Habrá pensado que la discusión con el contralor de la república era una negociación entre técnicos: una conversación entre economistas, contadores y abogados. Lo que él quería era destrabar; ni más ni menos, lo que habían hecho todos sus predecesores. Una corrección al texto del contrato aquí, un cambio al proceso de contrataciones, un ajuste al modelo de financiamiento. ¿Qué tiene que ver la política en todo esto? Se dio cuenta muy tarde, cuando el audio ya se había filtrado, que el destrabe era un modelo político que el establishment le había dado a cuidar, y no un ejercicio técnico, y que el contralor era más Fouché que Baldor.

El ministro se demoró en echarse sobre su espada y salvarle la vergüenza y el costo político al presidente y al gobierno (y a los promotores del destrabe). Debió haber salido inmediatamente a decir que PPK nunca le pidió nada y que él se tomó libertades que no debió tomarse. Los ministros involucrados en las metidas de pata de las leyes Pulpín y de las AFPs debieron renunciar también pero no lo vieron necesario –se quedaron en el cargo golpeando aún más la imagen del gobierno y de la presidencia.

A de la Flor, el primer presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios le pasó lo mismo. Pensó que la reconstrucción sería un ejercicio XXL de gestión de proyectos: actividades, productos, resultados. Cuando le advirtieron, políticos y expertos, que tendría que involucrar a la población y lidiar con múltiples políticas (comunitaria, local, regional) respondió que su familia era de Piura – como si eso bastara. Busquen el video del evento de lanzamiento del Premio Poder al think tank del año del 2017. A un lado, Pablo de la Flor y José Luis Escaffi y, al otro, Marisa Glave y Pedro Ferradas. Los primeros empujando un modelo de gobierno convencido que la reconstrucción consistía en construir cosas. Los segundos, argumentando, a oídos sordos, que es la gente la que hace y usa las cosas. Y la gente es política.

El presidente de la autoridad se tuvo que ir cuando le echó la culpa a los gobernadores locales por la lenta implementación. Los elegidos le dijeron al nombrado: ¿y tú a quién representas? Que es otra manera de decir: ¿cuántas divisiones tiene el presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?

A Tuesta le tomó tiempo dar un paso al costado y eso ha contribuido con el desplome en la aprobación del presidente Vizcarra, aún en un contexto en el que el Congreso hace méritos para llevarse todo el odio de todos y el Perú está pasando por el mejor ánimo posible en más de 30 años.

Pero lo más preocupante es que ni el presidente ni su primer ministro ni el gabinete (ni nadie en el centro de gobierno) se dio cuenta de la metida de pata que sería anunciar un aumento del ISC a los combustibles (y un posible aumento del impuesto a la renta para las personas con ingresos bajos). ¿A nadie se le ocurrió hacer un focus group con transportistas o amas de casa en el paradero de un mercado? Bastaba con preguntarle a las primeras 10 personas con las que se cruzaran afuera de Jirón Junín 319: ¿qué pensarías del gobierno si aumentamos el precio de la gasolina – que va a tener un impacto en el precio de todo?

Todos han caído por no entender, o no querer entender, que la política pública es política. No es una mala palabra, como diría Mafalda. Tampoco es, como confunden algunos, las estrategias y traiciones de House of Cards que se han vuelto pan de cada día en el Congreso. No es perfecta, pero es la mejor forma que tenemos para asignar recursos o decidir quién gana y quién pierde.

La política pública se siente cada vez más aislada de la población: el Gran Hermano versión peruana. Esa separación entre los que gobiernan y los gobernados hace imposible que los gobernantes entiendan y empaticen con la gente. Viven en un mundo inventado. Celebran sus ideas sin oposición y no escuchan a la población que grita, frente a la pantalla: ¡Esa es una mala idea!